El Gobierno francés ha renunciado a su proyecto de legalizar los casinos en línea, una idea que buscaba incrementar los ingresos fiscales, pero que había sido muy criticada por las asociaciones contra la ludopatía y los casinos tradicionales.
El plan gubernamental para incluir una enmienda en este sentido en el proyecto de Presupuesto estatal para 2025 ha quedado aparcado, ha dicho este sábado el ministro de Presupuesto, Antoine Saint-Martin, en unas declaraciones radiofónicas.
«Creo que hace falta concertación» con otros departamentos ministeriales potencialmente afectados, «creo que primero debemos trabajar entre nosotros», ha reconocido, sin referirse a las críticas generadas por el proyecto.
Saint-Martin ha recordado que el Gobierno quería aprobar esa autorización para fiscalizar y controlar el juego en línea, que ya se practica de forma irregular con entidades situadas en el extranjero.
Según la Asociación Francesa del Juego, los franceses juegan entre 850 y 1.500 millones de euros al año de forma ilegal en línea a través de entidades fuera del país, muchas de ellas en el paraíso fiscal caribeño de Curaçao.
La posibilidad de que se autorizaran los juegos de azar por internet había generado críticas unánimes de los casinos físicos, que habían advertido de la pérdida de actividad (y con ella, de ingresos fiscales para el Estado) y también de miles de empleos en el sector.
Además, las organizaciones de lucha y prevención de la ludopatía habían alertado del peligro del aumento de los problemas mentales y económicos derivados de la adicción al juego.
Un 47,2% de los franceses participaba en 2019 en juegos de azar y un 6% de ellos tenían problemas, según un estudio del Observatorio Francés de las Drogas y las Tendencias Adictivas (OFDT).
Por otro lado, la discusión del proyecto de Presupuesto en la Asamblea Nacional hará una pausa la semana próxima y continuará el próximo 5 de noviembre, añadió Saint-Martin.
Hasta ahora, el Gobierno, que no tiene mayoría parlamentaria, ha sufrido algunas derrotas en la discusión de las enmiendas, como el rechazo a aumentar los impuestos a los vehículos no electrificados o el voto a favor de crear una tasa sobre el patrimonio de los multimillonarios.
Sin embargo, el Ejecutivo se guarda en la manga la posibilidad de aprobar el Presupuesto sin una votación parlamentaria, amparándose en el artículo 49.3 de la Constitución, aunque ello le expondría casi automáticamente a una moción de censura.
De momento, tanto el primer ministro Michel Barnier como otros miembros del Ejecutivo han rechazado que vayan a recurrir a esa posibilidad. eleconomista
